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Indice - Formación

Capítulo 1. Procesos formativos, nueva institucionalidad y políticas públicas

La acción formativa es fundamental para el fortalecimiento institucional que requiere la formulación, ejecución, evaluación y auditoría social de políticas públicas de desarrollo rural sostenible con enfoque territorial. Es indispensable interiorizar efectivamente los principios básicos, conceptos centrales y orientaciones metodológicas de este enfoque para superar los abordajes meramente sectoriales y contribuir a la formulación y ejecución de una nueva generación de políticas públicas integrales, sistémicas y multidimensionales.

Sin una apropiación efectiva del enfoque territorial, existe el riesgo de que en lugar de impulsar las hondas transformaciones que se requieren en todas las dimensiones  del desarrollo rural, terminemos ofreciendo ‘más de lo mismo’ que ya demostró su insuficiencia. En particular, la incorporación de la perspectiva sistémica en el quehacer de las instituciones públicas, en el pensamiento de los responsables político-institucionales, en el trabajo de los técnicos y técnicas en las zonas rurales y en el quehacer de los actores locales es un reto que requiere de procesos formativos bien orientados, fuertes y sostenidos.

Los procesos de creación de capacidades son estratégicos y esenciales para la construcción social e implementación de políticas públicas atinentes al desarrollo de los territorios rurales, tanto en el plano nacional -a través de las instancias legislativas y ejecutivas- como en el ámbito territorial. En este último,  es necesario fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y la concertación entre instituciones públicas y con las organizaciones de sociedad civil involucradas en la gestión de iniciativas de desarrollo en los territorios. La institucionalidad pública y la acción política son fundamentales en estos procesos, tanto en el plano local como en el ámbito nacional.

Al transformarse los marcos de políticas y la propia institucionalidad, tanto nacional como territorial, surgen nuevos requerimientos para la toma de decisiones, su ejecución, el seguimiento a ésta y la valoración de sus resultados e impactos. Las instituciones y organizaciones participantes en esta nueva institucionalidad demandan una comprensión compartida acerca de la naturaleza y características del desarrollo integral de los territorios rurales; necesitan, asimismo, de cuadros técnicos formados en el enfoque territorial, gestores de sociedad civil que comprendan el carácter sistémico del proceso, y gobiernos locales capaces de trascender los límites del municipio y de sus funciones tradicionales.

 

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